Informe sobre los derechos de personas con discapacidad en España: suspenso en integración
La Fundación ONCE denuncia que hasta el 80% de las empresas no cumple la obligación de reservar un 2% de sus plazas.La ONU obliga a los Estados a tomar medidas a partir del próximo 3 de mayo.
Foto: Fundación ONCLa autora del que, según la Fundación ONCE, es el primer informe sobre los derechos de las personas con discapacidad en el Estado español, Leonor Lidón Heras, denuncia que el Gobierno suspende en política de integración y que las mujeres discapacitadas sufren una doble discriminación.
Tanto la Constitución como las legislaciones existentes en materia de discapacidad incluyen acciones positivas, igualdad ante la ley y la prohibición de la discriminación. Sin embargo, en la práctica, la autora del informe ‘Derechos Humanos y Discapacidad en España’ afirma que aún se detectan barreras tanto legales como de inclusión, en torno a este colectivo y sobre todo a las mujeres.
El documento, presentado por la Fundación ONCE en el marco de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, analiza la situación de las personas con discapacidad en el territorio español, desde la óptica de los derechos humanos, proporciona datos acerca del número de personas con discapacidad en el Estado y analiza las leyes existentes en este ámbito. Además, se fija en aspectos como la vivienda, el empleo, la educación, la comunicación y la accesibilidad, entre otros, mostrando una serie de propuestas para una mayor inclusión del colectivo.
“Vivimos en una sociedad donde o caminamos todos o no estamos yendo a ninguna parte”, afirma Lidón Heras, que propone también una serie de mejoras para la integración de las personas con discapacidad.
La incapacitación como barrera legal
En primer lugar se ocupa de la incapacitación, que define como la “principal barrera legal existente” para este colectivo, ya que el sistema legal español prevé la limitación de la capacidad legal de las personas con discapacidad. “El resultado es que la persona no puede gobernarse por sí misma”, denuncia Lidón Heras.
En cuanto a las barreras que se encuentran las personas con discapacidad en su vida diaria, Lidón cita como la más importante la accesibilidad en lo referente a la vivienda y la comunicación, donde, según la autora, la ley no se cumple en ninguno de los casos.
La educación es otro de los ámbitos donde existe una mayor exclusión. Sólo el 1% de los estudiantes que tienen alguna discapacidad llega a la universidad y el 40% de ellos lo hace a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), debido al bajo nivel de accesibilidad de las universidades españolas.
En primer lugar se ocupa de la incapacitación, que define como la “principal barrera legal existente” para este colectivo, ya que el sistema legal español prevé la limitación de la capacidad legal de las personas con discapacidad. “El resultado es que la persona no puede gobernarse por sí misma”, denuncia Lidón Heras.
En cuanto a las barreras que se encuentran las personas con discapacidad en su vida diaria, Lidón cita como la más importante la accesibilidad en lo referente a la vivienda y la comunicación, donde, según la autora, la ley no se cumple en ninguno de los casos.
La educación es otro de los ámbitos donde existe una mayor exclusión. Sólo el 1% de los estudiantes que tienen alguna discapacidad llega a la universidad y el 40% de ellos lo hace a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), debido al bajo nivel de accesibilidad de las universidades españolas.
| La tasa de empleo de las personas con discapacidad se sitúa en el 28,5 por ciento frente al 62,4 por ciento de las personas sin discapacidad |
En cuanto a los centros educativos ordinarios de enseñanza obligatoria, el informe concluye como principales problemas en esta etapa la falta de formación de profesionales que atiendan a los alumnos con necesidades educativas especiales, el limitado número de centros educativos accesibles así como el escaso apoyo psicológico y social que reciben los padres de hijos con discapacidad. El porcentaje de alumnos con necesidades varía de 2,47 en Primaria a 1,91 en Secundaria Obligatoria y un 0,10 en Bachiller.
Una vez terminados los estudios, la tasa de empleo de las personas con discapacidad se sitúa en el 28,5 por ciento frente al 62,4 por ciento de las personas sin discapacidad, siendo las mujeres las más perjudicadas. En este sentido, el 80 por ciento de las empresas de más de 50 trabajadores incumplen la ley aprobada desde 1982 por la que estas entidades deben reservar un 2 por ciento de la plantilla para personas con discapacidad.
Ninguno de los transportes públicos cumple los requisitos mínimos
El informe muestra que el cien por cien de los edificios públicos analizados para el estudio incumplen alguno de los criterios de accesibilidad y ninguno de los transportes públicos cumplen los requisitos mínimos, fallos que Lidón atribuye a la falta de control de la Administración Pública.
Además, el estudio analiza las barreras que las personas con discapacidad encuentran en la participación civil tanto de forma directa por cuestiones arquitectónicas como de manera indirecta. Señala también las dificultades que encuentran en otros ámbitos como por ejemplo en el momento de adoptar o en relación con los medios de comunicación, ya que no se han desarrollado todos los mecanismos de accesibilidad para que la totalidad de los discapacitados puedan acceder a ella.
3 de mayo, fecha límite
La Convención de la ONU, ratificada por España el pasado mes de diciembre, obliga a partir del próximo 3 de mayo a los más de un centenar de países firmantes a adoptar todas las medidas legislativas y administrativas que sean pertinentes para eliminar toda barrera o restricción que impida a las personas con discapacidad su plena inclusión y participación efectiva en la sociedad, garantizando así los derechos humanos y las libertades fundamentales para el colectivo.
¿Qué PueDo HaCer yo?
Una vez terminados los estudios, la tasa de empleo de las personas con discapacidad se sitúa en el 28,5 por ciento frente al 62,4 por ciento de las personas sin discapacidad, siendo las mujeres las más perjudicadas. En este sentido, el 80 por ciento de las empresas de más de 50 trabajadores incumplen la ley aprobada desde 1982 por la que estas entidades deben reservar un 2 por ciento de la plantilla para personas con discapacidad.
Ninguno de los transportes públicos cumple los requisitos mínimos
El informe muestra que el cien por cien de los edificios públicos analizados para el estudio incumplen alguno de los criterios de accesibilidad y ninguno de los transportes públicos cumplen los requisitos mínimos, fallos que Lidón atribuye a la falta de control de la Administración Pública.
Además, el estudio analiza las barreras que las personas con discapacidad encuentran en la participación civil tanto de forma directa por cuestiones arquitectónicas como de manera indirecta. Señala también las dificultades que encuentran en otros ámbitos como por ejemplo en el momento de adoptar o en relación con los medios de comunicación, ya que no se han desarrollado todos los mecanismos de accesibilidad para que la totalidad de los discapacitados puedan acceder a ella.
3 de mayo, fecha límite
La Convención de la ONU, ratificada por España el pasado mes de diciembre, obliga a partir del próximo 3 de mayo a los más de un centenar de países firmantes a adoptar todas las medidas legislativas y administrativas que sean pertinentes para eliminar toda barrera o restricción que impida a las personas con discapacidad su plena inclusión y participación efectiva en la sociedad, garantizando así los derechos humanos y las libertades fundamentales para el colectivo.
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Enlaces relacionados:
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Canal Solidario-OneWorld 2008
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